El respeto y la integridad de los derechos humanos en la República Dominicana están pasando por momentos duros. Con demasiada frecuencia se producen ejecuciones extrajudiciales, torturas y maltratos, desapariciones forzadas e incluso detenciones arbitrarias, hechos que provocan un hondo daño y crean alarma social y constituyen, junto con la corrupción policial, verdaderos atentados contra la convivencia y el porvenir democrático del pueblo.
El caso de Juan Almonte Herrera es un ejemplo paradigmático de esta triste realidad. Juan Almonte, ciudadano de la República Dominicana y miembro de la ONG Comité Dominicano de los Derechos Humanos, ha sido detenido cuando se dirigía a pie a su trabajo en Santo Domingo el día 28 de septiembre de 2009. Varias testigos identificaron la cuatro agentes del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional como autores de la detención.
A Segunda Sala del Penitenciario del Distrito Nacional ordenó, días después de la detención de Juan Almonte, su inmediata posta en libertad, haciendo notar que el detenido había sido privado de libertad sin la correspondiente orden judicial, mas la policía negó que se encontrara bajo su custodia y lo declaró prófugo.
Ata el día de hoy, ni la familia ni los abogados del desaparecido recibieron comunicación oficial del estado en que se encuentra la investigación, a pesar de presentar tres denuncias ante las autoridades en relación con su secuestro.
A Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró
inadecuada la respuesta de las autoridades dominicanas y solicitó de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dictaran medidas provisionales. En mayo de 2010, la Corte solicitaba de las autoridades dominicanas que emprendieran todas las acciones necesarias para proteger la vida, la libertad y la integridad de Juan Almonte y que adoptaran medidas de protección efectivas para sus familiares, mas la respuesta ofrecida por la República Dominicana derivó en las severas críticas de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ana Montilla, la compañera de Juan Almonte, estuvo en fechas recientes en Galicia, donde mantuvo diversas juntas con diversos colectivos y organizaciones para dar a conocer el caso de la desaparición de Juan Almonte y para exponer como está la situación de los derechos humanos en la República Dominicana y para solicitar la mediación de las institucions gallegas.
Por todo ello, el Parlamento Gallego acuerda:
Manifestar al Gobierno del Estado la preocupación por la desaparición del activista de los derechos humanos Juan Almonte Herrera y solicitarle que realice las gestiones oportunas ante las autoridades de la República Dominicana con objeto de clarificar el acontecido, determinar su paradero y asegurar su plena libertad.
La gravedad de la situación conocida hasta el momento demanda una exhaustiva investigación imparcial para el total esclarecimiento de estos hechos, que se hagan públicos los resultados de la dicha investigación, y que las personas responsables sean puestas a disposición de la justicia.
Santiago de Compostela, 11 de junio de 2013
Parlamento de Galicia
