Estamos asistiendo a una situación sin precedentes y ante la cual es preciso que la comunidad internacional tome medidas urgentes y actúe en consecuencia.
A principios de 2016, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el número de personas desplazadas de sus hogares a consecuencia de los conflictos, la persecución y las violaciones de derechos humanos en sus países de origen, superó los 65 millones, segundo datos de ACNUR. Una cifra que se incrementaría se sumáramos las miles de personas que se vieron obligadas a desplazarse por desastres naturales o pobreza.
Esta situación ponen a cielo abierto la incapacidad de la comunidad internacional para resolver y prevenir conflictos y situaciones de emergencia humanitaria, así como la falta de voluntad política para cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y protección internacional.
El pasado 22 de septiembre se cumplía un año desde que los líderes de la Unión Europea habían acordado un mecanismo de reubicación de emergencia para compartir la responsabilidad de quien solicita asilo.
Con todo, decenas de miles de personas siguen atrapadas en campos de refugiados en condiciones deplorables.
En el caso de España, solo se cumplió apenas un 6% de los compromisos de reubicación. A este ritmo, se tardarían ocho años en cumplir los compromisos de reubicación.
Las cifras hablan por sí solas. Más de un año después de estos compromisos, España acogió 1.141 personas, una cifra muy alejada de las 17.337 personas que el Gobierno se comprometió a acoger.
Habida cuenta de el anterior, el Parlamento de Galicia declara públicamente a urgente necesidad de que los gobiernos de la Unión Europea y, en particular, el de España agilicen de manera significativa el proceso de traslado de personas refugiadas a España mediante su reubicación y reasentamento y cumplan en el plazo previsto los compromisos acordados con la UE de acoger 17.337 personas refugiadas.
Parlamento de Galicia
