Acuerdo de la Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos, celebrada el 11 de octubre de 2017

A Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, en su sesión del 11 de octubre de 2017, adoptó el siguiente acuerdo:

Procedimientos de control e impulso
Proposiciones no de ley en Comisión

Aprobación por unanimidad con modificaciones

- 7603 (10/PNC-000789)
Grupo Parlamentario de los Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María y dos diputados/as más
Sobre la creación de la Oficina Presupuestaria del Parlamento de Galicia y las actuaciones que debe llevar a cabo el Gobierno gallego para garantizar la transparencia en sus actuaciones, las inversiones realizadas y los resultados obtenidos, así como facilitar el acceso de la ciudadanía la esta información en las diferentes páginas webs institucionales
BOPG nº 100, del 19.04.2017

Se somete a votación por puntos, con el resultado que se refleja a seguir:

—Párrafo La) y puntos 3, 8, 9, 10 y 11 del párrafo B): rechazados por 5 votos a favor, 7 votos en contra y 0 abstenciones.

—Puntos 1, 2, 4, 5, 6 y 7 del párrafo B): aprobados por la unanimidad de los 12 diputados y diputadas presentes.

El texto aprobado, con modificaciones respeto del original, es el siguiente:

«O Parlamento gallego insta a la Xunta de Galicia a:

1. Adoptar mecanismos de evaluación de servicios públicos en los que se tenga en cuenta a satisfacción de las personas usuarias a través de encuestas de servicios.

2. A Oficina de Evaluación de Políticas Públicas establecerá un sistema de indicadores cuantitativos y cualitativos destinados a medir la eficiencia, la eficacia y la efectividad social de las acción de las diferentes consellarías.

3. Publicar todas las facturas fiscalizadas por la Xunta de Galicia de una cuantía superior a 2.000 euros.

4. Prohibir a la Administración contratar con empresas con sentencias firmes por casos de corrupción, financiación ilegal o sentencias condenatorias en materia laboral, respetando las previsiones contenidas en la normativa de contratación del sector público.

5. Implantar cláusulas sociales para evitar la precarización del empleo en las empresas beneficiarias de empleo público.

6. Restringir la declaración de procedimientos excepcionales de contratación, como los de urgencia, siendo imprescindible un informe justificativo.»