2.1 21265 (10/MOC-000061)
Grupo Parlamentario de los Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre las actuaciones que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en materia laboral en la Administración de justicia. (Moción, por consecuencia de la Interpelación nº 20233, publicada en el BOPG nº 215, del 22.11.2017, y debatida en la sesión plenaria del 04.12.2017)
“El Parlamento de Galicia insta al Gobierno gallego a atender a las reclamaciones de los sindicatos con representación entre el personal de Justicia de Galicia, abriendo un período de diálogo permanente, en los siguientes términos:
1°) Mejorando las retribuciones de los trabajadores de la Administración de Justicia con el promedio del resto de Comunidades Autónomas, especialmente en el complemento autonómico transitorio.
2°) Consolidando las plazas que responden a necesidades estructurales, especialmente las de más de 3 años.
3°) Reponiendo las plazas que fueron amortizadas en aquellos supuestos y ámbitos de especial afectación.
4°) Negociando un acuerdo tendente a conseguir la eliminación de la discriminación en el ámbito judicial con otros cuerpos de funcionarios o autoridades, en el tratamiento de las situaciones de incapacidad temporal.
5°) Y abonando el cien por cien de las retribuciones en los casos de sustituciones de un cuerpo superior, demandando al Gobierno del Estado a la reforma de la legislación estatal mediante la aplicación del principio de no discriminación e igualdad de trato recogido en la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de 14 de septiembre de 2016”.
2.2 21271 (10/MOC-000062)
Grupo Parlamentario del Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís
Sobre las actuaciones que debe llevar a cabo el Gobierno gallego y las demandas que debe realizar al Gobierno central en relación con la AP-9. (Moción, por consecuencia de la Interpelación nº 20052, publicada en el BOPG nº 211, del 15.11.2017, y debatida en la sesión plenaria del
04.12.2017)
El texto aprobado es el siguiente:
“El Parlamento de Galicia insta al Gobierno gallego a instar al Gobierno del Estado a hacer las modificaciones legislativas necesarias para eliminar los privilegios fiscales de los que disfruta la concesionaria, suprimiendo la bonificación del 95% en el IBI”.