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Declaración institucional del Parlamento de Galicia con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza 2020

 
En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el Parlamento de Galicia y las diputadas y diputados que representamos a la ciudadanía gallega queremos reiterar nuestro compromiso unánime con la necesidad de seguir avanzando en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, en la que en el año 2019 se encontraba el 24,3 % de la población gallega.
 
Somos conscientes de que hoy este dato es una aspiración optimista. La nueva legislatura comienza con una emergencia sanitaria y social que empobrecerá a millares de gallegas y gallegos si no hay un compromiso político y presupuestario de la Xunta de Galicia y de los ayuntamientos y diputaciones.
 
Sabemos que la crisis sanitaria de la covid-19 afectó y está afectando de manera significativa las personas y familias con los ingresos más bajos, con trabajos precarios y baja intensidad laboral y con otros factores de riesgo como la discapacidad, monoparentalidade, violencia machista (en especial por prostitución, trata o explotación sexual), etnia, personas mayores o con dependencia, población rural, migrantes o refugiadas. Se trata especialmente de mujeres, juventud, niños y niñas. Pero los impactos socioeconómicos no sólo se hacen notar en una intensificación de la vulnerabilidad de aquellas personas que ya la encontraban con anterioridad, sino que las circunstancias sobrevenidas están llevando la una situación de serio riesgo de pobreza a personas que no lo habían experimentado hasta el momento. 
 
Queremos reconocer de nuevo el esfuerzo, la solidaridad y el civismo de la ciudadanía gallega. En los peores años de la crisis económica y ahora en la emergencia provocada por la pandemia. Sabemos de su vulnerabilidad y temor por la situación.
 
Este ejemplo los interpelan y los obligan a seguir avanzando en un modelo social en el que no se permita dejar nadie al margen, y en el que desde los poderes públicos se garantice la lucha contra la desigualdad, los derechos constitucionales y la inclusión social. Reiteramos nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, asumidos por el Estado español y las comunidades autónomas. En especial con el primero, en el que se establece que “Para 2030, reducir al menos a la mitad a proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza”.
 
La recuperación económica permitió recuperar políticas y presupuestos de rentas mínimas, inclusión social, empleo o vivienda. No podemos permitirnos frenar los esfuerzos para garantizar el derecho a una vida digna a las gallegas y gallegos.  Creemos vital para el futuro demográfico de Galicia evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza y que el 80 por ciento de las niñas y niños que hoy viven en familias en la pobreza estén condenados a sufrirla el resto de su vida, así como sus hijas y hijos.
 
Queremos tener presentes las demandas de las propias personas en situación de pobreza, reivindicadas bajo lemas como «Las personas primero» o «Somos personas, no expedientes»: luchar contra las causas de la pobreza y la desigualdad desde una óptica lejana del asistencialismo y que asegure la inclusión social; compromiso en presupuestos y planificación a medio y largo plazo; y coordinación política y técnica entre las administraciones y las organizaciones especializadas que reduzca drásticamente la burocracia.
 
Conmemoramos este día cuando asistimos al aumento de discursos interesados de odio y desprecio a las personas mas vulnerables. A fenómenos de racismo, xenofobia, machismo, LGTBIfobia o aporofobia (odio a las personas en pobreza). Pero de nuevo tenemos que agradecerle a la ciudadanía gallega su lección de respeto y tolerancia para que estos discursos políticos apenas tengan presencia en nuestra comunidad.
 
Las personas no son culpables de su pobreza. No lo son las niñas y niños ni sus madres y padres.
 
Tampoco lo son de su exclusión las personas con discapacidad, migrantes, refugiadas o de la comunidad gitana, las jóvenes y chicos tutelados o las personas privadas de libertad.
 
Nadie es culpable de su sufrimiento. No lo son las mujeres víctimas de violencia machista. Ni por su orientación o identidad sexual.
 
Ninguna persona es inútil, ya sea chica, desempleada, jubilada o se encuentre sin hogar, todas son quien de acercar al crecimiento, enriquecimiento y cohesión de la sociedad.
 
Las personas que sufren y denuncian estas y otras muchas mentiras o las que afirman que «el más peligroso de los perjuicios es cuando tú mismo te los crees» no están solas.
 
Los poderes públicos tenemos la responsabilidad de garantizar las medidas necesarias para reducir las desigualdades sociales, combatir la discriminación y favorecer el respeto, la tolerancia y la participación activa de todas las personas.
 
Tenemos también el compromiso de difundir y poner el foco en las experiencias positivas y en los ejemplos mayoritarios de armonía y convivencia normalizada, luchando contra la desinformación y evitando la instrumentalización o las visiones distorsionadas de las personas que viven situaciones de exclusión social. 
 
Ni la pobreza ni la exclusión social se combaten de manera individual. ES un objetivo que implica al conjunto de la sociedad, y es nuestra responsabilidad contribuir, desde diferentes ámbitos, intensidades y formas, la que lo consigamos.
 
En este Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza hacemos un llamamiento para no caer en la ignorancia de los perjuicios, y de seguir avanzando en la inclusión urgente de las personas que no se encuentran en igualdad de condiciones para la consecución de una vida digna.
 
 

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