Parlamento de Galicia
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Parlamento de Galicia
O Parlamento de Galicia, con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, que se conmemora el día 25 de noviembre, reitera, más un año, su firme condena de cualquier expresión de violencia contra las mujeres, y de todas y cada una de sus manifestaciones. De igual modo, manifestamos todo nuestro apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género, a sus hijos y hijas y a sus familiares.
Ya en la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, en Beijing, en 1995, se reconoció que la violencia ejercida contra las mujeres es un obstáculo para la igualdad, el desarrollo y la paz de los pueblos, que impide que las mujeres disfruten de sus derechos humanos y libertades fundamentales.
Tal como expresa la ONU, «la violencia contra las mujeres y las niñas, arraigar en unas relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres, persiste como una crisis silenciosa y endémica». Este año, además, la situación se vio agravada por la pandemia mundial que nos arrasa. Y que, se afecta a las mujeres con más intensidad y de forma concreta por la desigualdad estructural en que se encuentran, es especialmente terrible para las mujeres víctimas de violencia de género.
Su erradicación y eliminación es un mandato normativo derivado de los tratados internacionales de Naciones Unidas y la Unión Europea, ratificados por el Estado Español, por lo que debe de ser tratada con máxima prioridad en las agendas de las distintas administraciones públicas como garantizas de los derechos de las mujeres.
Galicia cuenta desde 2007 con una Ley gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, aprobada por unanimidad en este Parlamentar. Es una ley avanzadilla y on line con las recomendaciones internacionales recogidas, entre otros instrumentos, en el Convenio de Estambul.
Esta Ley 11/2007 representó un enorme cambio, al ampliar la definición de violencia machista e incluir cómo tal cualquier acto violento o agresión —también sexual—, tanto se ocurre en el ámbito público como en el familiar o privado.
Con posterioridad, el Pacto de Estado contra la violencia de género, validado por unanimidad, también supuso un claro avance al lograr unir todas las fuerzas políticas e institucionales del Estado para mejorar la situación de las mujeres víctimas y para luchar contra una situación indigna para cualquier sociedad, estableciendo estrategias de sensibilización y prevención, atención, asesoramiento, acompañamiento y protección, siempre desde perspectivas integrales en todos los ámbitos, tales cómo lo laboral, el educativo, el sanitario, el jurídico, el policial y el social.
La eliminación de la violencia contra las mujeres es un reto de toda la sociedad, una tarea conjunta que requiere una actuación unitaria y la máxima coordinación, colaboración y cooperación, siempre desde lo respeto al régimen de distribución de competencias en todas las acciones que se desarrollen, puesto que el trabajo que se realiza para conseguir su erradicación implica multitud de agentes.
La violencia de género no tiene cabida en la sociedad que aspiramos a ser, ni en la democracia que queremos consolidar. Eliminarla de nuestras vidas y proteger las víctimas no es una opción, es un deber. La violencia machista los interpelan a todos y las administraciones públicas debemos combatirla con todos los medios a nuestro alcance.
Así, el Parlamento de Galicia lleva años trabajando a destajo para conseguir cambios en las políticas públicas y en el campo legislativo, con fines de conseguir algún día a plena igualdad y, en consecuencia, la eliminación de cualquiera me la fuere de violencia contra las mujeres, que es la manifestación más despreciable de la desigualdad entre hombres y mujeres. Por lo tanto, nos comprometimos a continuar trabajando en medidas de prevención, información, asesoramiento, protección y acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia machista y sus hijas y hijos.
Una sociedad democrática no pode tolerar que las mujeres sean discriminadas, sean víctimas del machismo, de la desigualdad y de la violencia, una de las principales causas de vulneración de los derechos fundamentales y libertades públicas, situaciones totalmente inadmisibles en un Estado democrático y de derecho.
Santiago de Compostela, 25 de noviembre de 2020.
