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Declaración institucional del Parlamento de Galicia sobre la muerte de Diego Bello, ciudadano coruñés y gallego, la manos de la Policía Nacional Filipina

 
El ocho de enero del pasado año 2020 el joven coruñés Diego Bello Lafuente fallecía en la isla filipina de Siargao debido a los disparos que efectuaron contra él miembros de la Policía Nacional Filipina, cuerpo de seguridad de la República de Filipinas.
 
Diego llevaba viviendo en Siargao desde había dos años, tiempo en el que emprendió una experiencia empresarial que comenzó con una pensión para mochileiros y continuó con la apertura de una tienda de ropa y más tarde un restaurante de comida española, todos estos negocios montados por Diego en asociación con ciudadanos filipinos, tal como exige la ley en aquel país, y también con varios socios españoles.

Según la versión oficial de la policía filipina, Diego era uno de los mayores narcotraficantes de la región y la policía lo mató tras intentar detenerlo delante de su casa a la una de la madrugada, cuando volvía de atender sus negocios; la policía pretendía detenerlo tras que agentes de paisano intentaran comprarle una pequeña cantidad de droga. Según la versión policial, Diego sacó una pistola cuando se percató de que eran policías y los policías se vieron obligados a defenderse, acabando con la vida de Diego.
 
Este relato de la policía es la única información que se dio a conocer del sucedido, ya que ninguna instancia judicial intervino en la operación ni existía  ningún expediente administrativo que diera fe del afirmado por la policía. El gobierno español solicitó a Filipinas que se investigaran las circunstancias y las informaciones dadas por el jefe de policía que autorizó la operación, pero, después de más de un año, el Gobierno filipino sigue negándose a realizar tal investigación, a pesar de haber aceptado en un primero momento llevar a cabo las pesquisas tanto desde instancias judiciales como gubernamentales.
 
El único organismo que sí llevó a cabo un informe sobre la muerte de Diego fue la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, órgano de rango constitucional en la República Filipina, que, en el mes de agosto del pasado año y después de viajar hasta el lugar de los hechos y de entrevistar la policías, testigos y socios y trabajadores de Diego, llega a la conclusión de que la muerte de Diego la manos de la policía fue un asesinato y que la excusa de la defensa propia que alega la policía queda deslexitimada por los resultados de las autopsias que se le practicaron a Diego tanto en Manila como en Madrid, y por las pruebas gráficas y las afirmaciones de las testigos, destacando también que la policía no fue quien de presentar una sola prueba de la relación de Diego con el narcotráfico.

En noviembre de 2020 la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de España aprobó, por la unanimidad de todos  los grupos asistentes, una Proposición no de ley en la que se pide al Gobierno español que pida a las autoridades filipinas que lleven a cabo las investigaciones necesarias para determinar el sucedido y que eviten la fuga de los autores de la muerte de Diego.
 
Hasta el momento las peticiones españolas han sido ignoradas por el Gobierno filipino, un gobierno que lleva siendo denunciado tanto por la ONU cómo por la Unión Europea por haber llevado a cabo más de 20.000 ejecuciones extrajudiciales  nos últimos cinco años con el pretexto de la guerra contra las drogas, y que está sirviendo para eliminar tanto enemigos políticos cómo defensores de derechos humanos en Filipinas.

Por todo el dicho, el Pleno del Parlamento de Galicia aprueba por unanimidad a siguiente declaración Institucional:
 
1. Expresar su repulsa por el asesinato de Diego Bello y su solidaridad y apoyo a la familia.
 
2. Demandar del Gobierno del Estado que ejerza cuantas acciones políticas, diplomáticas y judiciales sean necesarias para exigir el total esclarecimiento de los hechos que rodearon la muerte de Diego, y la depuración hasta las últimas consecuencias de cuantas responsabilidades hubiere y también la restauración del derecho al honor de Diego Bello.
 
3. Dar traslado de este acuerdo al Ministerio de Asuntos Exteriores de España y también a la Embajada de la República Filipina en España.

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