El ocho de enero del pasado año 2020 el chico coruñés Diego Bello Lafuente fallecía en la isla filipina de Siargao debido a los disparos que efectuaron contra él miembros de la Policía Nacional Filipina, cuerpo de seguridad de la República de Filipinas.
Diego llevaba viviendo en Siargao desde había dos años, tiempo en el que emprendió una experiencia empresarial que comenzó con una pensión para mochileros y continuó con la apertura de una tienda de ropa y más tarde un restaurante de comida española, todos estos negocios montados por Diego en asociación con ciudadanos filipinos, tal como exige la ley en aquel país, y también con varios socios españoles.
Según la versión oficial de la policía filipina, Diego era un de los mayores narcotraficantes de la región y la policía lo mató después de intentar detenerlo delante de su casa a la una de la madrugada, cuando volvía de atender sus negocios; la policía pretendía detenerlo después de que agentes de paisano intentaran comprarle una pequeña cantidad de droga. Según la versión policial, Diego sacó una pistola cuando se enteró de que eran policías y los policías se vieron obligados a defenderse, acabando con la vida de Diego.
Este relato de la policía es la única información que se dio a conocer del acontecido, ya que ninguna instancia judicial intervino en la operación ni existía ningún expediente administrativo que de ese fe del afirmado por la policía. El gobierno español solicitó a Filipinas que se investigaran las circunstancias y las informaciones dadas por el jefe de policía que autorizó la operación, pero, después de más de un año, el Gobierno filipino siegue negándose a realizar tal investigación, a pesar de haber aceptado en un primer momento llevar a cabo las pesquisas tanto desde instancias judiciales como gubernamentales.
El único organismo que sí llevó a cabo un informe sobre la muerte de Diego fue la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, órgano de rango constitucional en la República Filipina, que, en el mes de agosto del pasado año y después de viajar hasta el lugar de los hechos y de entrevistar a policías, testigos y socios y trabajadores de Diego, llega a la conclusión de que la muerte de Diego a manos de la policía fue un asesinato y que la excusa de la defensa propia que alega la policía quieta deslegitimada por los resultados de las autopsias que se le practicaron a Diego tanto en Manila como en Madrid, y por las pruebas gráficas y las afirmaciones de las testigos, destacando también que la policía no fue quienes de presentar una sola prueba de la relación de Diego con el narcotráfico.
En noviembre de 2020 la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de España aprobó, por la unanimidad de todos los grupos asistentes, una Proposición no de ley en la que se pide al Gobierno español que pida a las autoridades filipinas que lleven a cabo las investigaciones necesarias para determinar el sucedido y que eviten la fuga de los autores de la muerte de Diego.
Hasta el momento las peticiones españolas fueron ignoradas por el Gobierno filipino, un gobierno que lleva siendo denunciado tanto por la ONU como por la Unión Europea por haber llevar# a cabo más de 20.000 ejecuciones extrajudiciales en los últimos cinco años con el pretexto de la guerra contra las drogas, y que está sirviendo para eliminar tanto enemigos políticos como defensores de derechos humanos en Filipinas.
Por todo el dicho, el Pleno del Parlamento de Galicia aprueba por unanimidad a siguiente declaración Institucional:
1. Expresar su repulsa por el asesinato de Diego Bello y su solidaridad y apoyo a la familia.
2. Demandar del Gobierno del Estado que ejerza cuantas acciones políticas, diplomáticas y judiciales sean necesarias para exigir el total esclarecimiento de los hechos que rodearon la muerte de Diego, y la depuración hasta las últimas consecuencias de cuantas responsabilidades hubiere y también la restauración del derecho a la honra de Diego Bello.
3. Dar traslado de este acuerdo al Ministerio de Asuntos Exteriores de España y también a la Embajada de la República Filipina en España.
Parlamento de Galicia
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