Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el Parlamento de Galicia y las diputadas y diputados que representamos a la ciudadanía gallega queremos reiterar nuestro compromiso unánime del año 2010 y recordar de nuevo la necesidad urgente de seguir avanzando en la lucha contra la pobreza extrema en la que aún hoy malviven más de 1.400 millones de personas. Queremos también reconocer el esfuerzo y el sentir de los gallegos y gallegas que, defendiendo los derechos humanos, se esfuerzan por conseguir un mundo más justo y luchan contra la desigualdad.
El crecimiento y la recuperación económica, aunque están permitiendo recuperar algunas de las políticas y presupuestos de inclusión social o empleo, no serán efectivos mientras no garanticen de manera estable su derecho a una vida digna a todas y cada una de las gallegas y gallegos que en el 2016 estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, el 25,4 % de la población.
Queremos reconocer el esfuerzo y la solidaridad de gran parte de la población gallega en los peores años de la crisis económica: familias, paisanaje y en especial nuestras personas mayores. Sabemos de su debilidad y de las graves dificultades que tendrían para afrontar otra crisis.
Somos conscientes del deber de seguir avanzando en nuestro modelo social, en el que no se permita dejar nadie al margen, y en el que desde los poderes públicos se garanticen los derechos constitucionales y la inclusión social.
En especial, es urgente y vital para el futuro de Galicia evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza. Hay que seguir luchando para evitar que el 80 % de las niñas y niños que hoy viven en familias en la pobreza estén condenados a sufrirla el resto de su vida, así como sus hijas y hijos.
Las propias personas en riesgo de pobreza y bajo lemas como «Las personas primero» o «Somos personas, no expedientes», resumen sus demandas en tres principios: luchar contra las causas de la pobreza y la desigualdad, muy lejos del asistencialismo y asegurando la igualdad de derechos y una inclusión social activa basada en la garantía de ingresos (mediante el empleo o rentas mínimas ágiles); compromiso en presupuestos y planificación a medio y largo plazo; y una coordinación política y técnica entre las administraciones y las organizaciones especializadas que reduzca drásticamente la burocracia.
Conmemoramos este Día cuando asistimos a una creciente evolución de los perjuicios, estereotipos, intolerancia y hasta desprecio a las personas en riesgo de pobreza o exclusión.
Los delitos de odio en España se incrementaron case en un 93 % desde el año 2011 ata el 2015. En las redes sociales solo entre 2015 y 2016 los delitos de odio crecieron en un 82 %, según la Fiscalía General del Estado.
Fenómenos como el racismo, la xenofobia y la aporofobia (odio a las personas en pobreza) son especialmente incidentes. En este último caso, una de cada cinco personas sin hogar ha sido agredida físicamente al menos una vez, y una de cada tres ha sido insultada o vejada.
Las personas no son culpables de su pobreza. No lo son las niñas y niños ni sus madres y padres.
Tampoco lo son de su exclusión las personas con discapacidad, migrante, refugiadas o de la comunidad gitana, las jóvenes y chicos tutelados o los privados de libertad.
Nadie es culpable de su sufrimiento. No lo son las mujeres víctimas de violencia de género. Ni cualquier persona por su orientación o identidad sexual.
No existen las religiones que defiendan el terrorismo o la violencia.
Ninguna persona es inútil. Sea chica, desempleada, jubilada o sin hogar.
Las personas que sufren y denunciaron estas y otras muchas mentiras en el último Seminario Gallego de Participación y Ciudadanía Inclusivo o las que afirmaron que «el más peligroso de los perjuicios es cuando ti incluso los crees» no están solas.
Los poderes públicos tenemos la responsabilidad de garantizar la igualdad de todos los ciudadanos, poniendo en marcha las medidas necesarias para reducir las desigualdades sociales, combatir la discriminación y favorecer el respeto, la tolerancia y la participación activa de todas las personas.
Tenemos también el compromiso de difundir y poner el foco en las experiencias positivas, y en los ejemplos de armonía y convivencia normalizada, que son la mayoría, evitando la difusión de una visión distorsionada y no real de las personas que viven situaciones de exclusión social.
En este Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza queremos hacer un llamamiento para no caer en la ignorancia de los perjuicios, y dar un paso hacia la inclusión urgente de las personas que no se encuentran en igualdad de condiciones para la consecución de una vida digna.
Santiago de Compostela, 17 de octubre de 2017
Parlamento de Galicia
