Santiago 24 de abril de 2007.- A Lei de Emergencias promovida por el bipartito transfiere buena parte de las responsabilidades que le corresponden a la Xunta en materia de protección civil a ayuntamientos y diputaciones, pero sin facilitarles los medios económicos necesarios para hacer frente a esos deberes.

El portavoz del área de Presidencia del Grupo Parlamentario Popular, Manuel Ruíz Rivas, denunció hoy en el Parlamento que la inconsistencia del texto normativo enviado por el Gobierno al Parlamento evidencia que el bipartito carece de un modelo propio para gestionar las diferentes situaciones de emergencia que podan presentarse en Galicia, como se puso de manifiesto durante lo pasado verano, con la sucesión de incendios y los reiterados colapsos de la central de Exerxencias 112, seguida de la incapacidad de los diferentes dispositivos para hacer frente a las comilonas del otoño.

PASOE Y BNG DEJAN EN EVIDENCIA Al GOBIERNO

El diputado popular argumentó que el proyecto de ley de emergencias de Galicia ha sido elaborado coincidiendo con el cese del anterior director general de Protección Civil, en un intento por recuperar la credibilidad del Ejecutivo en este ámbito.

Sin embargo, en opinión de Ruiz Rivas, la credibilidad del Gobierno volvió a ser puesta en evidencia por los dos partidos que sustentan al bipartito, al formular alrededor de 60 enmiendas al proyecto de ley durante el trámite parlamentario del texto legal. Pero, a su juicio, ni siquiera esas modificaciones fueron suficientes para conseguir un texto aceptable.

Y la ese elevado número de enmiendas, el texto legal continúa atentando contra lo pacto local,  al responsabilizar a ayuntamientos y diputaciones, prácticamente en exclusiva, y sin concederles la financiación precisa, de la ejecución de las competencias en materia de protección civil y consorcios comarcales de bomberos que hasta ahora correspondían al Ejecutivo autonómico. Una vez que entre en vigor a nueva norma, el papel de la Xunta quedará circunscrito a la “superior dirección y coordinación” y a la gestión de las emergencias cuando se vean superados los medios de respuesta de las entidades locales, el límite de los cuales en el queda determinado.

Paralelamente, la Ley prevé la creación de dos nuevos “chiringuitos privatizadores”, en palabras de Ruiz Rivas, a los que atribuirá responsabilidades que hasta ahora eran ejercidas en exclusiva por la Dirección General de Protección Civil, en el ámbito de la Consejería de la Presidencia: a Axencia Galega de Emerxencias y la Entidad pública para situaciones de emergencia.

LEY “PREXIDICIAL” PARA GALICIA

En este escenario, la Ley sometida hoy a Debate en el Parlamento suscitó el rechazo unánime de los diferentes agentes que operan en el ámbito de las emergencias en Galicia. De hechos los sindicatos  UGT, CIG y CC.OO y la Plataforma de Bomberos de Galicia ya han anunciado movilizaciones para protestas contra la Ley de Emergencias, a la que consideran “perjudicial” para Galicia.